El Glaciar TDF
Daniel Rivarola, Secretario General del Centro de Empleados de Comercio, dialogó con Fm La Isla y abordó diversos aspectos relacionados con el panorama laboral en el sector comercial. Rivarola compartió su visión sobre los desafíos actuales, las negociaciones paritarias, la falta de participación en discusiones legislativas y las posibles soluciones para preservar el empleo y mejorar las condiciones laborales.
Rivarola destacó el crecimiento de los despidos y suspensiones en el sector, afirmando: "El número de despidos ha crecido, el número de consultas con situaciones individuales ha aumentado, y estamos analizando la evolución de cada caso, no todas las realidades comerciales o dentro de los comercios son iguales, algunos impactan más de lleno, algunos tienen más espalda para aguantar y otras que son más delicadas o con más problemas.". Esta cita refleja la preocupación por la situación laboral actual y la necesidad de tomar medidas para proteger a los trabajadores.
En cuanto a las negociaciones paritarias, Rivarola enfatizó la importancia del diálogo entre las partes involucradas: "Nuestras discusiones paritarias surgen a partir de la paritaria nacional... es un acuerdo de partes". Esta declaración resalta la necesidad de consenso y colaboración para llegar a acuerdos que beneficien tanto a los trabajadores como a los empleadores.
Sin embargo, Rivarola expresó su decepción por la falta de participación del sindicato en discusiones legislativas sobre emergencias comerciales, señalando: "No nos han convocado para hablar de esto... estamos dispuestos a colaborar constructivamente en la búsqueda de soluciones". Esta declaración destaca la importancia de la inclusión del sindicato en las decisiones que afectan al sector laboral.
En cuanto a posibles soluciones, Rivarola subrayó la necesidad de herramientas de conciliación por parte del Estado: "Faltan estas herramientas del Estado provincial... para acuerdos temporales dentro del ámbito del Ministerio de Trabajo". Esta cita resalta la importancia de la intervención estatal para proteger a los trabajadores y garantizar condiciones laborales justas.
