El Glaciar TDF
En esta segunda instancia del encuentro llevado a cabo en el Ministerio de Trabajo de la ciudad de Buenos Aires, también participaron los gremios docentes, representantes del Gobierno Nacional, y los titulares de la cartera de Educación de las provincias, elegidos de acuerdo a cada zona del país, algunos de manera virtual y otros presencial.
Durante el encuentro, los gremios nacionales expusieron acerca de la necesidad de establecer un piso salarial mínimo, de manera urgente, además del restablecimiento del FONID. Mientras que, en este punto, la oferta del Gobierno Nacional fue de $310 mil, sin referencias al FONID, y muy por debajo de lo que requieren los gremios nacionales.
El Fondo de Incentivo Docente (FONID), es un componente de relevancia en el sueldo docente que promedia el 13% del sueldo inicial que cobran cerca de 1,6 millones de docentes de todo el país del sistema educativo formal, desde el nivel inicial hasta el nivel terciario no universitario.
Creado en 1998 en el marco de una disputa por los salarios que mantuvo el entonces presidente Carlos Menem con la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA), el FONID se encuentra caído desde el primero de enero de este año. Este es uno de los puntos que se trató durante la segunda instancia de negociación con el Gobierno Nacional.
En esta nueva mesa de negociación, las provincias patagónicas expusieron que no están en condiciones de establecer un piso salarial, hasta tanto el Gobierno Nacional no cumpla con lo establecido por ley, como el envío del FONID, cuya última parte aún no fue abonada.
“De la misma manera expusimos el tema de la conectividad plena en las escuelas, así como el tema de la hora ampliada, o para las obras de infraestructura que están en ejecución. Lo que el Gobierno prometió es enviar esos fondos prontamente a las jurisdicciones a los efectos de no ahogar a las provincias”, explicó el Ministro López Silva.
Finalizada la reunión, se pasó a un cuarto intermedio hasta el próximo martes para que el Gobierno Nacional pueda evaluar la factibilidad de las propuestas presentadas.
