Investigadores fueguinos rechazaron 28 artículos de la 'Ley Ómnibus'

Un grupo federal que incluye a investigadores que trabajan a lo largo y a lo ancho del país, desde Jujuy hasta Tierra del Fuego, presentó un detallado análisis en el que recomienda rechazar o eliminar 28 artículos vinculados con cuestiones ambientales de la llamada “Ley Ómnibus” que se discute en este momento en la Cámara de Diputados de La Nación. Todos ellos representan "riesgos y/o retrocesos en cuestiones de ambiente, sustentabilidad y/o soberanía alimentaria o ambiental", afirman.

El documento analiza el proyecto título por título. Se centra en los diversos temas que involucra (biocombustibles, reorganización administrativa, emisiones de gases de efecto invernadero, autoabastecimiento de hidrocarburos, producción ganadera, régimen federal de pesca y bosques nativos) y justifica cada una de las recomendaciones con bibliografía y datos precisos.

Liderada por la multipremiada ecóloga cordobesa Sandra Díaz, la Red Conaturar (siglas correspondientes a Contribuciones de la Naturaleza para la Argentina) se creó en respuesta a una convocatoria del ex Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva y es uno de los 23 proyectos que resultaron ganadores del llamado a “crear redes federales de alto impacto” para enfrentar problemáticas identificadas como estratégicas en el Plan Nacional de Ciencia y Tecnología 2030.

En este caso, Conaturar se propuso articular las capacidades científicas de grupos que trabajan en crisis ambientales (como la pérdida de biodiversidad, el cambio climático, la emergencia de pandemias y la inequidad en el acceso a una buena calidad de vida) estudiando la relación humano-naturaleza y las contribuciones de ésta para las personas, además de crear capacidades institucionales y recursos humanos para manejar las problemáticas ambientales con una perspectiva integral en el diseño de políticas públicas.

Uno de los autores, el doctor Christopher Anderson,  investigador independiente de sistemas socioecológicos del Centro Austral de Investigaciones Científicas (CADIC-CONICET) y profesor titular de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego (UNTDF) en el Instituto de Ciencias Polares, Ambiente y Recursos Naturales (ICPA) explicó: "A partir de nuestro análisis como Red que incluye especialistas interdisciplinarios en Jujuy, Córdoba y Tierra del Fuego, el peligro de este proyecto está en no tener una visión integral de la naturaleza y sus múltiples contribuciones para la gente. Además, incluir tantas modificaciones a tantas leyes sin una discusión pormenorizada y profunda va en contra de los valores de una democracia inclusiva que toma decisiones sobre la base del conocimiento de múltiples actores. Este proyecto de ley no solo no contempla la información científica, sino tampoco incorpora el conocimiento local e indígena. Así, de implementarse, estas modificaciones perjudicarían la naturaleza pero también erosionarían nuestra democracia e irían en contra del Acuerdo Escazú, ratificado por la Argentina en 2021 y que asegura a nuestros ciudadanos el derecho de la información, la participación y la justicia en asuntos ambientales".

“Hay mucha preocupación entre científicos y científicas con respecto a la normativa ambiental –dice otra de las integrantes de Conaturar, Daniela Tamburini, del Instituto de Investigaciones Biológicas y Tecnológicas (IIBYT) del Conicet y la Universidad Nacional de Córdoba–. Analizamos los artículos que tienen que ver con los bosques, la quema, la pesca... Las modificaciones son preocupantes, sobre todo porque es un retroceso en discusiones que se vienen teniendo desde hace largo tiempo, en las que participó gente que trabajó mucho, y que permitieron avances en política y aspectos jurídicos ambientales. Cambiar estas regulaciones, por ejemplo las de presupuestos mínimos, como la ley de glaciares, que marcan un antes y un después en la normativa argentina, es grave”.

Según explica Tamburini, las leyes de presupuestos mínimos trazan la línea base a la que las provincias tienen que adecuar su gestión y obligatoriedad de implementarlas. “Son fundamentales cuando se trata de recursos como glaciares, bosques, humedales, que generan mucha conflictividad en el territorio, porque podrían prestarse a distintos usos”, agrega.

Estas normas no solo fueron difíciles de generar, sino también de implementar, porque las respectivas autoridades de aplicación tienen limitaciones estructurales, de presupuesto, de personal. “Pero, de todas formas, tuvieron una gran trascendencia –aclara Tamburini–, porque permitieron que la sociedad comprenda de qué se tratan los servicios ambientales, la importancia de los bosques, de los desmontes, del uso cuidadoso del suelo… Es decir, tuvieron también un componente social muy importante. Si la ley ómnibus se promulga como está, sería un colapso. Ahora se discute artículo por artículo, y algunos aparentemente se cambiaron o se dejaron de lado porque eran inviables. No podemos estar debatiendo si se pueden desmontar zonas rojas, que tienen alto nivel de protección, donde hay comunidades originarias, biodiversidad, que protegen cuencas... Desde 1994, cuando se modificó la Constitución Nacional y se agregó el artículo 41, en el que se incluyeron aspectos ambientales, nuestra normativa fue cambiando y evolucionando. Con esto, estamos retrocediendo una enormidad…”

Por su parte, Andrea Raya Rey, también del CADIC,  y la UNTDF, y parte de Conaturar, analizó en detalle lo que concierne a la pesca en la ley que se está debatiendo. “Este proyecto flexibilizaría el proceso para otorgar permisos con cambios en las condiciones y prioridades actuales, y concentrando ese otorgamiento en la autoridad de aplicación, sin participación del Consejo Federal Pesquero (CFP) –explica–. Además, deroga la obligatoriedad de desembarcar la producción de los buques pesqueros en muelles argentinos. Habilita la posibilidad de descargarla en otros puertos o mediante transbordos en alta mar, lo que puede afectar la transparencia y trazabilidad. Este es un punto crucial, dado que alienta la ilegalidad, al revés de lo que se está haciendo en el mundo para combatir este grave problema en los océanos”.

En lo socioecológico, agrega Raya Rey, las modificaciones van en detrimento de la posibilidad de trabajo de los argentinos. “La verdad, algunas de estas modificaciones son difíciles de entender –subraya–. En mi opinión, es triste dado que estos logros se dieron luego de un esfuerzo participativo con todos los actores involucrados, un proceso virtuoso de estos últimos años. Creo que habría que rechazar el DNU y reclamar que la modificación de leyes se haga de manera pensada, consensuada y elaborada”.

Y concluye Anderson: "La sociedad sacará sus conclusiones, pero lo que no se puede desconocer desde la evidencia es que la mayoría de los argentinos quieren cuidar el ambiente, la vida de todos y todas, y las tradiciones vinculadas con el entorno natural. Las leyes anteriores son expresiones de mucho trabajo y si bien no siempre todo se logró un consenso del 100%, representan expresiones de valores construidos y compartidos por la mayoría. Por otra parte, en 2020 el Foro Económico Mundial publicó un informe que reconoció que la implementación de las soluciones basadas en la naturaleza representan oportunidades de negocios que exceden los 10 mil millones de dólares y 300 millones de empleos para el año 2030 (https://www.weforum.org/press/2020/07/395-million-new-jobs-by-2030-if-businesses-prioritize-nature-says-world-economic-forum/). En conclusión, este proyecto de ley va en contra de las tendencias empresariales, políticas internacionales e incluso contra la Constitución Nacional, cuyo artículo 41 asegura el derecho de los habitantes del país a un ambiente sano".

El documento de la red Conaturar fue entregado a todos los bloques políticos como aporte a las políticas públicas en materia de biodiversidad y su vínculo con el desarrollo. Los investigadores están a disposición de los legisladores para colaborar en el debate en la medida que lo requieran.