La Justicia ordenó a la intervención informar cómo se administran los fondos del Puerto de Ushuaia

El juez federal Federico Calvete admitió un amparo presentado por el Diario del Fin del Mundo y requirió a la ANPyN y a la AGP documentación sobre ingresos, gastos, contrataciones, cuentas bancarias y transferencias realizadas durante la intervención.

El Juzgado Federal de Ushuaia ordenó a la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN) y a la Administración General de Puertos (AGP) brindar información sobre la administración de los recursos generados por el Puerto de Ushuaia.

La decisión fue adoptada por el juez Federico Calvete, quien declaró admisible el amparo iniciado a partir de un pedido de acceso a la información pública presentado por el Diario del Fin del Mundo. Los organismos nacionales tendrán diez días hábiles para responder y presentar el informe previsto por la Ley de Amparo.

El requerimiento incluye datos sobre los ingresos y gastos de la terminal portuaria, contrataciones, información bancaria, comprobantes de transferencias, gastos operativos y expedientes administrativos. También alcanza documentación relacionada con personal, empresas autorizadas, movimientos de embarcaciones, accesos al muelle, certificaciones y habilitaciones.

Uno de los principales puntos del reclamo busca determinar cuánto dinero recaudó el Puerto desde el inicio de la intervención federal, dónde fue depositado y cuál fue el destino de las transferencias realizadas hacia cuentas de la AGP.

La medida judicial también obliga a los organismos a entregar copias completas de los expedientes vinculados con las solicitudes de información y cualquier otra documentación relacionada con la causa.

Previamente, el fiscal federal interino Fernando Rota había considerado que la ANPyN debía responder de manera directa por tratarse del organismo que recibió y contestó inicialmente el pedido. También sostuvo que la AGP debía incorporarse al expediente debido a que podría tener bajo su administración parte de la documentación reclamada.

La Justicia todavía no se pronunció sobre la existencia de eventuales irregularidades en el manejo de los fondos. La resolución se limita, por el momento, a exigir que ambos organismos expliquen y documenten cómo fueron administrados los recursos del Puerto de Ushuaia desde el comienzo de la intervención.