“Este proyecto afectaría a todos los rubros industriales e hidrocarburíferos de la provincia”

Este lunes, autoridades de la Cámara de Comercio, Industria y Producción de Río Grande, encabezadas por su presidente José Luís Iglesias, mantuvieron una conferencia virtual (vía Zoom) con los diputados nacionales Carolina Yutrovic, Andrea Freites y Jorge Araujo, en donde el asesor especial de la CCIP, contador Ramón Gallardo, les expuso al detalle sobre los perjuicios para la actividad económica de Tierra del Fuego, de prosperar el proyecto presentado por el Diputado Nacional de la Coalición Cívica, Juan Manuel López. 

Gallardo explicó que “con relación al Crédito Fiscal Presunto, para que la población entienda, las empresas radicadas en Tierra del Fuego que están bajo el subrégimen industrial o están promovidas, se les permitía vender al continente y facturar el IVA y se lo quedaban para sí, no lo pagaban a la AFIP. En la declaración jurada que se hace ante la AFIP, tiene un debe y un haber, o sea que cuando yo facturo, liquido el IVA y lo pongo como débito fiscal. Y este decreto me permitía a mí tomar un crédito fiscal equivalente a lo que yo había facturado, restando de forma tal de que yo, lo que pagaba por IVA, era cero. Ese IVA que he facturado quedaba como una rentabilidad más para quien produce en Tierra de Fuego”.

“Ahora bien, el hecho de que ahora tengamos que pagar el IVA nos afecta dependiendo el caso. Tenemos acá nosotros de que lo relacionado con los recursos naturales en su estado normal, en su estado natural, donde muchos aserraderos exportaban la madera de lenga, otras exportaban la turba y todo ello sin ningún tipo de procesamiento. Como eran recursos originarios de Tierra del Fuego -la madera en su estado natural y la turba también en su estado natural- las empresas PyME lo vendían al continente y facturaban el IVA y ese IVA, muchas veces, se lo quedaban para sí, les servía para afrontar los grandes costos logísticos de tener que llevar el producto a los grandes centros comerciales como es Buenos Aires”, detalló.

Gallardo agregó que “hoy, ese beneficio para las PyME, como son los aserraderos que vendían la madera en su estado natural o la turba en su estado natural, moriría. O sea, con lo cual le afectaría muchísimo para poder seguir produciendo y vendiendo al continente”.

“El segundo caso es que esos recursos naturales, existía la resolución 47/2018 de la Secretaría de Industria y Nación, aquí empezamos a hablar de la ampliación de la matriz productiva, que decía que toda aquella empresa o persona que quiera incorporarle valor agregado a un recurso propio natural de la isla, hasta un 50% del precio del producto se consideraba originario de la isla”, agregó.

En este punto puso el ejemplo que siempre señala. “Cuando vendemos una puerta usamos la madera de lenga y le ponemos los herrajes que no son de acá sino que son del continente importado y en tanto y en cuanto esos herrajes no superen el 50% del valor total de la puerta podíamos tener beneficio impositivo de dinero, en este caso también las empresas que facturaban a través de esta resolución, habían sacado puertas con el herraje (bisagras, picaportes y tornillos) y la vendían al continente, facturaban el IVA y se lo quedaban para sí, tomando ese denominado Crédito Fiscal Presunto de forma tal de que no pagaban nada”.

Entendió que “aquí estarían afectándonos, ya que a través de la resolución 47/2018 se empezaron a hacer distintos tipos de productos que son, por ejemplo, agua mineral, que se estaba exportando al continente, baldosas de plástico realizadas con reciclado, que también se estaban vendiendo al continente, las mencionadas puertas de madera con herrajes, y también se estaba vendiendo la manta orgánica de la turba que se usaba para la absorción de derrame de petróleo. Todo esto estaría afectado, ya que ahora tendrían que tributar el IVA y habría que ver hasta qué grado es conveniente o permite seguir con este tipo de actividades y productos para vender al continente”, lamentó.

Añadió que “el tercer caso es el de los hidrocarburos. Aquí en principio hay que mencionar que teníamos el decreto 751/2012 que había quitado los beneficios impositivos y aduaneros para la extracción de gas y petróleo. Posteriormente sale el decreto 1049/2018 que le devuelve los beneficios impositivos y aduaneros pero dice que se aplicará para nuevos emprendimientos hidrocarburíferos. Recién en el 2022 y a consecuencia de que somos importadores de gas y combustible es que la Secretaría de Industria de la Nación saca la resolución 625/2022 que establece que se entiende por nuevos emprendimientos hidrocarburíferos y dice que son aquellos emprendimientos que en principio significan una inversión mínima de 250 millones de dólares en un plazo de 4 años cuando se trate del proyecto costa afuera y de 10 millones de dólares en un plazo de 4 años cuando se trata del proyecto costa adentro”.

Agrega que “aquí surge que este proyecto Fénix, seguramente se hizo en base a que va a tener los beneficios impositivos y aduaneros y dentro de esos beneficios impositivos está facturar el IVA y tomar el Crédito Fiscal Presunto con lo cual si se va a derogar el decreto 1139 que traía el Crédito Fiscal Presunto no sé cómo quedará este proyecto con respecto a esto. Creo que particularmente lo va a afectar a esta inversión que se está haciendo y que en 2025 supuestamente estaría exportando”.

“Y por último, en el cuarto caso, afectaría a toda la producción del subrégimen industrial que está formado por la industria electrónica, las textiles, de plásticos e inclusive hay empresas que fabrican insecticidas, las de pesca con lo cual, todas estarían afectadas porque ahora tendrían que comenzar a tributar el IVA y ya no podrían usar este crédito Fiscal Presunto”, advirtió.

“Hoy, si tenemos en cuenta un informe de la Fundación Fundar, que también en su momento hizo un proyecto para eliminar el subrégimen industrial en un plazo de 11 años, pero de sus datos estadísticos decía que el 77% de la facturación de Tierra del Fuego estaba concentrada en la producción de celulares, aire acondicionado y televisión y que el 75% del personal estaba ocupado en estas actividades. ¿A qué me refiero yo? A que realmente nos estarían afectando mal a la fabricación de celulares porque no solamente le aplicarían el IVA a estos productos, sino que los celulares bajarían los aranceles de importación, con lo cual nos perjudicarían”.

Observó que el proyecto del Diputado Nacional Juan Manuel López de la Coalición Cívica, “se basa en el estudio que llevó a cabo el personal técnico de (Sergio) Massa y que diera lugar a la denominada separata, que fue anexada en el proyecto de presupuesto del 2023 y ahora en el del 2024 y que denomina impacto del gasto tributario en las cuentas públicas. De allí es que este diputado copia los datos que menciona, tal cual los dice este anexo de la separata que incorporó Massa para la eliminación gradual del subrégimen industrial fueguino”.

“Debemos recordar que esta separata dice que existe una serie de beneficios y prebendas de muchas actividades de personas y zonas que por equis motivos dejan de pagar impuestos”.

“Esta separata habla de que esos beneficios o esos gastos tributarios ascienden a un 4,72% del Producto Bruto Interno y donde los regímenes promocionales representan un 0,61% y dentro de ese 0,61% está el subrégimen industrial de Tierra del Fuego que representa un 0,33% del Producto Bruto Interno equivalente a 1.910 millones de dólares anuales que es lo que este diputado dice que hay que aplicarle el IVA de forma tal de que compensar de esa manera estos ingresos con el no cobro de las retenciones a productos como el aceite y el vino en otras regiones del país”.

Añade que “con relación a la separata que menciona este diputado y que vuelvo sobre la misma, fue un trabajo que realizaron los técnicos del Ministerio de Economía en la era de Massa, habla de que los beneficios que recibe el subrégimen industrial está relacionado con la liberación de IVA, compra y venta, por 412.227,70, un 0,12%. Exención de impuestos a la ganancia, 241.177,80, un 0,07%. Exención de derechos de importación, 254.151,50, un 0,07%. Y por último una alícuota reducida de Impuestos Internos sobre el producto electrónico, que es 238.287,6, un 0,07%”, precisó el contador Ramón Gallardo.

También es importante aclarar que esta medida no afectaría a la exención de impuestos -de todo impuesto de carácter nacional- que habla la ley 19.640, decir que quienes habitamos en Tierra del Fuego, seguirá la exención de IVA, Ganancias y todo lo demás. Esta medida solo abarcaría a los productos que hacemos en Tierra del Fuego que tienen que acreditar un origen en la provincia y que se sacan para su venta al continente”.

Finalmente aconsejó que “es importante que nuestros representantes impulsen un proyecto de iguales características pero que pongan en evidencia los subsidios de CABA y de la provincia de Buenos Aires, donde está inclusive no solamente el transporte, está el gas que nosotros le enviamos y en forma tal de contrarrestar el ataque permanente contra esta región y volver sobre la misma. Ahí también se puede eliminar grandes partes de los subsidios y que ayuden a cerrar las cuentas públicas que es lo que busca el Estado nacional”.