ANPyN impidió por tercera vez el ingreso de inspectores ambientales al puerto de Ushuaia

Acerca de esto, la secretaria Legal del mencionado Ministerio, Lisi Cristófano, explicó que la intervención provincial "tiene como objetivos tramitar la certificación ambiental del Puerto, controlar la gestión de los residuos peligrosos provenientes de los buques y fiscalizar los recursos hídricos". En este sentido, sostuvo que "se trata de controles vinculados con las facultades propias de la Provincia en materia ambiental".

Uno de los principales puntos señalados por la funcionaria es la necesidad de garantizar la trazabilidad de los residuos peligrosos que desembarcan de las embarcaciones. Sobre esto, explicó: “Para controlar la trazabilidad de ese residuo peligroso que ingresa, necesitamos controlar el desembarco para después analizar cómo lo trató el operador del residuo peligroso”.

Cristófano remarcó además que estos residuos requieren un tratamiento específico y deben ser derivados a operadores habilitados, por lo que el seguimiento desde el momento del desembarco resulta necesario para verificar que el circuito se complete de acuerdo con la normativa ambiental vigente.

A estos controles se suma la fiscalización de los recursos hídricos, con el objetivo de verificar que las actividades desarrolladas dentro del área portuaria no generen impactos negativos sobre el agua. La funcionaria también señaló que las inspecciones forman parte de las tareas habituales de la Secretaría de Ambiente y no constituyen una intervención extraordinaria.

Respecto del impedimento de ingreso, Cristófano cuestionó la posición sostenida por ANPyN en relación con las competencias provinciales y afirmó: “Esa negativa categórica de que nosotros no somos competentes es incorrecta”. Además, señaló que "la Provincia solicitó formalmente que se fundamenten las razones por las cuales el organismo nacional considera que posee competencia para impedir el ingreso de los inspectores".

Tras las sucesivas negativas, el Gobierno provincial reúne los antecedentes y analiza las alternativas administrativas y judiciales. “Tratamos de no alterar la situación, ni del privado. Eso es lo que tratamos de resguardar. El hecho está que nuestra protección máxima es el ambiente”, concluyó la funcionaria.