El Glaciar TDFA través de sus redes sociales, el Intendente destacó la resolución de la jueza federal Mariel Borruto y remarcó el papel que tuvo el Municipio al presentarse como parte interesada en la causa impulsada por organizaciones de excombatientes y ambientalistas.
“Es una decisión importante”, expresó Perez, al considerar que la resolución judicial sostiene que las actividades hidrocarburíferas desarrolladas sobre la plataforma continental argentina están sometidas a las leyes nacionales y requieren la intervención de las autoridades argentinas.
Para el Intendente, la defensa de la soberanía sobre Malvinas no puede quedar limitada a los reclamos diplomáticos o a la memoria histórica, sino que también debe expresarse frente a cualquier intento de explotación de los recursos naturales del Atlántico Sur.
“Desde Río Grande nos presentamos como parte interesada en esta causa porque Malvinas también se defiende así”, sostuvo.
La resolución judicial se conoció luego de que el Juzgado Federal de Río Grande aceptara intervenir en la demanda presentada contra Rockhopper y Navitas por el proyecto León Marino. La jueza Borruto se declaró competente y posteriormente dispuso la medida cautelar que frena los actos materiales de ejecución del emprendimiento mientras continúa el proceso judicial.
El proyecto, impulsado por la británica Rockhopper Exploration y la israelí Navitas Petroleum, busca desarrollar un yacimiento ubicado en la Cuenca Norte de las Islas Malvinas. La causa plantea cuestiones vinculadas tanto con la explotación de hidrocarburos como con sus posibles impactos ambientales y la aplicación de la legislación argentina.
En ese marco, Perez volvió a remarcar la importancia de incorporar la protección de los recursos naturales y el ambiente a la defensa de la soberanía.
“Malvinas no es solamente memoria. Es presente. Es ambiente, recursos naturales, soberanía y futuro”, afirmó.
Asimismo, el Intendente destacó el trabajo realizado por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata y la Asociación de Abogados y Abogadas Ambientalistas, organizaciones que promovieron la acción judicial.
“Valoramos la decisión de la jueza federal Mariel Borruto y el trabajo del CECIM La Plata y de la Asociación de Abogados y Abogadas Ambientalistas, que impulsaron esta acción”, expresó.
La medida judicial no representa una sentencia definitiva sobre el fondo de la causa, pero establece un freno cautelar al proyecto mientras la Justicia analiza los planteos formulados.
En ese sentido, Perez sostuvo que el compromiso del Municipio continuará durante el desarrollo del proceso judicial. “Río Grande tiene una responsabilidad en esta discusión y la vamos a ejercer. Vamos a defender nuestros derechos en cada ámbito donde sea necesario”, agregó.
Para el Municipio, la cercanía geográfica de Río Grande con las Islas y su vínculo histórico con la Causa Malvinas constituyen fundamentos para intervenir activamente cuando se encuentran en juego intereses estratégicos de la Argentina, los recursos naturales y la protección del ambiente del Atlántico Sur.
