El Glaciar TDFLa ley fue aprobada por unanimidad por la Legislatura Provincial. Oportunamente, el proyecto fue defendido en comisiones por las máximas autoridades de la Caja de Previsión Social de la Provincia, encabezada por su presidente, Roberto Bogarín; la vocal por el sector pasivo, Patricia Blanco; y la vocal por el sector activo, Norma González, quienes estuvieron acompañados por los equipos técnicos contables y previsionales de la institución.
Durante el debate en comisión, los representantes expusieron los fundamentos de la norma y destacaron el arduo trabajo que la Caja viene realizando desde el año 2017 para viabilizar el registro, ponderando los enormes beneficios que el sistema aporta a los trabajadores en actividad y a la sustentabilidad del sistema previsional fueguino.
Al respecto, el presidente de la Caja de Previsión Social, Roberto Bogarín, expresó su profunda satisfacción por el logro institucional y técnico: “Logramos dejar atrás un sistema manual para dar paso a una herramienta de gestión moderna y confiable que empodera al trabajador en el control de su propia información”.
El funcionario vinculó directamente esta medida con el plan de gestión del Ejecutivo Provincial: “En el marco de las políticas públicas implementadas por el Gobernador Gustavo Melella, este sistema fue diseñado para proteger al trabajador estatal fueguino, centralizando y sistematizando toda la información laboral, previsional y contable de cada agente de la administración pública provincial, para evitar las históricas demoras y la burocracia que causa tener los datos dispersos al momento de jubilarse”.
Cabe destacar que esta medida se inscribe dentro del paquete de leyes de modernización integral impulsado por el Gobernador Gustavo Melella, el cual forma parte del nuevo impulso fueguino. Estas iniciativas apuntan a consolidar las transformaciones estructurales que Tierra del Fuego necesita para modernizar el Estado, optimizar los recursos públicos y garantizar el acceso directo y transparente de los ciudadanos y trabajadores a sus propios derechos y datos fundamentales.
La nueva normativa fija pautas de cumplimiento obligatorio y plazos, tanto para las instituciones como para los agentes públicos del territorio.
Todos los entes y dependencias estatales aportantes al Régimen Previsional Provincial deberán proveer obligatoriamente la información correspondiente al Registro Provincial de Historia Laboral (o la entidad que en el futuro la reemplace) antes del décimo día hábil de cada mes.
Los trabajadores tendrán la obligación de presentar ante la Caja el reconocimiento de servicios con aportes de otros regímenes previsionales. Este trámite será estrictamente obligatorio ante cada ingreso a cualquiera de las administraciones públicas incluidas en el Régimen y constituirá el único método válido para computar su antigüedad.
Todos los agentes públicos que se encuentren en relación de dependencia al momento de la puesta en vigencia de la norma contarán con un plazo de dos años (prorrogable de forma automática por dos años más) para realizar la correspondiente presentación de su documentación.
