El Glaciar TDFEn cuanto a los fundamentos de la decisión, el tribunal basó su resolución en la existencia de una manifiesta afectación al interés público.
Entre los principales aspectos del fallo se destacan los siguientes:
La puesta en funcionamiento de la estación tecnológica ubicada en la localidad de Tolhuin presenta la potencialidad de poner en riesgo la protección de intereses vitales y estratégicos de la Nación.
La actividad privada de la sociedad compromete negativamente la política de defensa nacional y la seguridad, configurando un escenario de evidente vulnerabilidad.
El fallo recepta los informes del Ministerio de Defensa de la Nación, que advirtieron sobre las claras connotaciones geopolíticas de la estación radar.
Se acreditó que la empresa se encuentra integrada por capitales de origen británico, lo cual resulta incompatible con las directrices de la política de defensa nacional, en el contexto de la ocupación ilegal del Reino Unido en nuestras Islas Malvinas.
El radar instalado posee capacidad tecnológica de uso dual (civil y militar), lo que permitiría, en los hechos, monitorear actividad satelital argentina, interceptar datos y realizar inteligencia de señales de manera pasiva.
Al respecto, el secretario de Malvinas, Antártida, Islas del Atlántico Sur y Asuntos Internacionales, Mg. Andrés Dachary, destacó la relevancia del fallo dictado por la Justicia fueguina y dijo que "esta sentencia marca un punto de inflexión. La Justicia ha ratificado lo que veníamos sosteniendo con firmeza, no hay margen para que operen en nuestra provincia empresas que representen una amenaza a la seguridad nacional y a nuestros intereses soberanos, especialmente frente a la ocupación británica en nuestras Islas Malvinas."
Asimismo, Dachary subrayó que “desde el Gobierno de la Provincia se reafirma que la soberanía y la defensa nacional son conceptos inseparables. Continuaremos velando por la protección de nuestro territorio bicontinental y por los intereses de todos los fueguinos y argentinos, garantizando que ninguna actividad vulnere nuestra seguridad ni el pleno ejercicio de nuestros derechos soberanos”.
Por su parte, el secretario de Justicia, Dr. Gonzalo Carrillo, se refirió a los próximos pasos a seguir y señaló que “la resolución judicial brinda herramientas clave para avanzar hacia la erradicación de la instalación. Este nuevo elemento legal resulta fundamental, en caso de quedar firme, para avanzar de manera concluyente en la resolución del conflicto. Al declararse la nulidad de su inscripción societaria, la empresa pasa a revestir el carácter de sociedad no inscripta regularmente, perdiendo toda capacidad operativa y legal”.
