El Glaciar TDFEn medio de episodios recientes de amenazas en instituciones educativas de Río Grande —como las registradas en el Centro Polivalente de Arte— crece la preocupación por conductas que, aunque muchas veces son percibidas como “bromas” por los propios adolescentes, pueden constituir delitos con consecuencias penales concretas.
En ese contexto, la abogada Noelia Galera, integrante de la Defensoría Pública de la Justicia Federal, fue convocada a brindar charlas a estudiantes y familias, donde detectó una situación alarmante: el desconocimiento generalizado sobre los límites legales. “Con menores me pasa que me dicen: ‘¿eso es delito?’”, advirtió.
Entrevistada por TVP Noticias Galera explicó que, a diferencia de los adultos —que en general comprenden las consecuencias de sus actos—, en el caso de adolescentes aparece un fuerte desconocimiento. “Ahí veo una falencia del Estado que solamente piensa en bajar la edad de punibilidad, pero no les explica a los chicos las consecuencias de sus actos”.
La abogada planteó que el problema no radica únicamente en las conductas en sí, sino en la ausencia de una formación previa que permita dimensionarlas. En ese sentido, cuestionó el enfoque punitivo sin una instancia preventiva: “No se habla con los chicos de la responsabilidad de los actos. ¿De qué nos sirve esperarlos con el proceso penal?”.
Uno de los puntos centrales que expuso es el cambio en la forma en que hoy se interpretan ciertas conductas. Acciones que años atrás podían ser consideradas travesuras —como amenazas o pintadas— hoy encuadran dentro de figuras penales.
Entre los ejemplos, mencionó: amenazas de bomba, uso de documentación ajena, intimidación pública y difusión de imágenes mediante herramientas digitales. “Al solo efecto de generar temor ya estamos frente a un delito. Ni siquiera hace falta que sea en serio”.
En este punto, también advirtió sobre el impacto de las nuevas tecnologías: “Hay muchos temas que hay que abordar con los chicos, sobre todo el uso de la tecnología y la exposición en redes”.
El escenario se vuelve aún más complejo con la inminente implementación de la baja en la edad de imputabilidad, que permitirá que jóvenes de 14 años puedan enfrentar procesos penales. “Se nos viene un panorama bastante negro”, sostuvo.
Y agregó una imagen que grafica con crudeza la situación: “Los veo con los piecitos colgando en la silla, no me los represento como defendidos”.
Galera explicó que estos procesos implican instancias formales —audiencias, fiscales, jueces— que resultan completamente ajenas para los adolescentes.
Escuela, familia y justicia: una articulación pendiente
La abogada valoró la iniciativa del Polivalente de Arte de generar espacios de diálogo, aunque remarcó que estas acciones deberían replicarse de manera sistemática. “Me parece fundamental que haya comunicación entre justicia, escuela y padres”, expresó.
En ese sentido, destacó que no todos los jóvenes cuentan con herramientas en sus hogares para comprender estos temas: “Yo con mi hijo hablo, pero no todos tienen un padre abogado”.
También cuestionó la falta de preparación institucional ante el nuevo escenario legal: “Se supone que estos meses son para prepararnos, pero siento que no hay capacitaciones”.
Un fenómeno que excede lo local
Si bien los episodios recientes en Río Grande encendieron la alarma, la problemática no es exclusiva de la provincia. A nivel nacional, se registran casos de amenazas escolares, situaciones de violencia mediadas por redes sociales y delitos vinculados al uso de tecnología.
Incluso, casos extremos —como hechos de violencia entre estudiantes— han puesto en debate la responsabilidad penal juvenil y el rol del Estado.
En este marco, Galera insistió en la necesidad de abordar el problema desde una mirada integral: “Estamos esperando al solo efecto de castigar. Y no tenemos ni siquiera las estructuras para contener a esos menores”.
Lejos de promover respuestas exclusivamente punitivas, la abogada planteó que el eje debe estar en la prevención y la educación. “Hay que dar herramientas. Como en otros países donde se trabaja desde chicos la alfabetización mediática”.
Y concluyó con una advertencia clara: “No hay que minimizar estas conductas, pero tampoco esperar a que todo llegue a la Justicia. Estamos a tiempo de prevenir”.
