"La inversión acuícola en Tierra del Fuego es una decisión estratégica con impacto económico"

En ese sentido, el funcionario destacó que “esta nueva etapa busca dotar al Estado de herramientas concretas para promover inversión, generar riqueza y crear empleo, a partir de la condición insular de la provincia, sus ventajas sanitarias y el potencial de sus recursos hidrobiológicos”.

“Este proceso no implica la relajación de los controles ni una disminución de las facultades de las autoridades ambientales e hídricas de la Provincia”, sostuvo, “sino que otorga mayor organización institucional para que esas intervenciones se ejerzan con más previsibilidad, trazabilidad y eficacia”.

Asimismo, agregó que, con la sanción de la Ley Provincial Nº 1601 y su reglamentación, se define con mayor precisión el qué, cómo, dónde y cuándo de la actividad. “La Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) será la herramienta que determine dónde pueden localizarse proyectos, bajo qué condiciones y qué especies pueden desarrollarse”, explicó. “De este modo, se fortalecen los estándares de cuidado ya vigentes, sin disminuir exigencias ni controles”.

En esa línea, precisó que el régimen establece una hoja de ruta con plazos claros, criterios objetivos y una Ventanilla Única de ingreso, para otorgar previsibilidad administrativa a futuros inversores y proyectos. Además, diferencia tres escalas de emprendimientos —artesanal, preindustrial e industrial—, a fin de que las exigencias, evaluaciones y trámites sean proporcionales a la magnitud de cada iniciativa, evitando imponer a pequeños productores las mismas cargas que a proyectos de mayor escala.

Finalmente, Marzioni subrayó que “existen restricciones legales innegociables: el Canal Beagle y las áreas especialmente protegidas conservan resguardos específicos que impiden habilitar desarrollos incompatibles con la preservación de los ecosistemas más sensibles de la provincia”. En ese sentido, remarcó que “la nueva reglamentación no habilita una acuicultura sin límites, sino un esquema de desarrollo posible, con condiciones técnicas, ambientales e institucionales que garanticen sostenibilidad, control público y protección efectiva del ambiente”.