El Glaciar TDFEl Gobierno pasó casi sin escalas de la euforia por la aprobación de leyes como la reforma laboral en el Congreso a la actual preocupación por los fallos judiciales que suspendieron la aplicación de los cambios en la legislación del trabajo que tanto quería Javier Milei.
Que los jueces laborales iban a fallar en contra de la Ley 27.802 de Modernización Laboral era demasiado evidente. El Gobierno apelará el fallo del Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo N° 63, que frenó la norma tras un planteo de la CGT, pero en el ambiente empresarial, por ejemplo, quedó sobrevolando la sensación de que la estrategia jurídica de los libertarios fue “improvisada y poco adecuada para lo que está en juego”,
Los juzgados laborales nacionales son vistos por los empresarios como “enemigos” porque suelen dictar fallos en favor de los trabajadores y son parte de un fuero clave en el que hay muchos magistrados que tienen lazos con el kirchnerismo y con los sindicalistas.
Esta semana, además, el titular del juzgado del trabajo N° 74, José Ignacio Ramonet, dictó un fallo que, tras un planteo de la Unión Docentes Argentinos (UDA), suspendió la aplicación del artículo de la reforma laboral que declaró a la educación como servicio esencial y obliga a los sindicatos del sector a mantener un 75% de prestación normal de la actividad en caso de huelga.
Este magistrado fue el que atormentó a la pyme Lácteos Vidal en su batalla contra el sindicato ATILRA, ya que el año pasado ordenó el embargo por unos $168 millones contra la empresa por haberse negado a reincorporar a 26 empleados despedidos por su participación en violentas protestas y en amenazas contra sus propios compañeros. “El fallo es funcional a la mafia sindical, me quieren fundir”, denunció Alejandra Bada Vázquez, la dueña de Lácteos Vidal, en alusión a Ramonet.
¿El Gobierno pensaba que los jueces del trabajo no iban a fallar contra la Ley 27.802 porque tenían temor de que sus decisiones aceleraran el traspaso del fuero laboral al ámbito porteño y querían cuidarse? Es lo que deslizan en voz baja en algunos despachos oficiales, aunque otros funcionarios lo niegan y aseguran que, en realidad, la Casa Rosada entendió que no había manera de evitar que algún juez laboral suspendiera la ley: “Lo dieron por perdido porque en ese fuero hay una parte muy moderada y otra representa al kirchnerismo puro”.
Ahora, tras la apelación oficial, la revisión del fallo de Ojeda estará a cargo de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, que tampoco garantiza nada para el Gobierno porque, como dicen en Balcarce 50, “depende de qué sala de la Cámara te toque; algunas son imparciales y otras siguen siendo radicalizadas”.
Conclusión: la flamante ley provocará una acentuada litigiosidad, que es, paradójicamente, lo que buscaba evitarse cuando sus impulsores la elaboraron. Milei apuntó varias veces contra “la industria del juicio” y sus beneficiarios, pero ahora quizás deba resignarse a la multiplicación de presentaciones judiciales vinculadas con la legitimidad de los artículos de la Ley 27.802.
Sin embargo, en algunos sectores del Gobierno imaginan que los recientes fallos de la justicia laboral pueden terminar beneficiando al Presidente: “La sociedad va viendo lo que pasa cuando aparece un juez más fanático que los sindicatos tomando una decisión desmadrada, como suspender de un plumazo más de 80 artículos de una ley votada por mayoría en el Congreso”.
¿Será realmente beneficioso para Milei? Se suponía que la reforma laboral iba a generar más fuentes de trabajo. Hasta ahora, sólo le está dando más trabajo a los abogados que representan al Gobierno y al sindicalismo.
