El Glaciar TDFEl fiscal federal Gerardo Pollicita imputó al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en el marco de una causa por presunto enriquecimiento ilícito, y solicitó avanzar con una serie de medidas de prueba para analizar su evolución patrimonial.
La investigación se inició a partir de una denuncia presentada por la diputada Marcela Pagano, en la que se advierte un incremento patrimonial desproporcionado en relación con los ingresos del funcionario. Según el escrito, existirían discrepancias en las declaraciones juradas, además de posibles omisiones de activos financieros y depósitos en el exterior.
Entre los puntos señalados, se menciona que el patrimonio de Adorni habría registrado un aumento del 500% en un solo período fiscal, junto con la declaración de importantes sumas de dinero en efectivo y un nivel significativo de endeudamiento.
Otro eje central de la investigación es la presunta existencia de un inmueble no declarado en el Country Indio Cuá Golf Club, ubicado en la provincia de Buenos Aires. De acuerdo a la denuncia, el funcionario habría estado vinculado a la construcción de una vivienda en ese predio que no figura en su Declaración Jurada Patrimonial Integral.
En ese sentido, el fiscal busca determinar si existe una discordancia entre los bienes declarados y el patrimonio real del funcionario, así como el origen de los fondos utilizados, incluyendo supuestos préstamos familiares.
Para avanzar en la causa, Pollicita solicitó doce medidas de prueba, entre ellas pedidos de informes a organismos públicos como la Oficina Anticorrupción, la ANSES y registros de la propiedad, tanto de la provincia de Buenos Aires como de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
También requirió información sobre la titularidad de bienes, vehículos, posibles participaciones societarias y datos migratorios, además de conocer quién afronta los gastos del inmueble investigado y si se gestionaron permisos de construcción.
El objetivo es establecer si existe correspondencia entre los ingresos declarados y el patrimonio del funcionario, o si, por el contrario, hay inconsistencias que justifiquen el avance de la causa.
La investigación quedó ahora en manos del juez federal Ariel Lijo, quien deberá definir si hace lugar a las medidas solicitadas o si delega la causa en el fiscal para continuar con la pesquisa.
